Chile en la coyuntura sociopolítica: Y ahora, ¿qué país construimos?
En febrero de 1818 se firmaba el acta de independencia de Chile, documento que iniciaba la separación política y administrativa de nuestro país respecto del peso colonial que se instala con la llegada de Pedro de Valdivia. Doscientos años después, no sólo este personaje mítico, sino que otros tantos que representan la tradición que se construye en torno a los exploradores, fundadores y héroes patrios, han sido derribados, literalmente, por parte del pueblo chileno. Esta vez, y pese a que la estructura autoritaria y segregada socialmente se mantiene en nuestro país, la composición de los revolucionarios es distinta y mucho más heterogénea que la convocada en el proceso de separación colonial: ya no se trata de una élite descontenta, ni sectores populares que le siguieron. Hoy, en la composición del movimiento social, se encuentran sectores empobrecidos material y simbólicamente: la “clase media” en toda su extensión, estudiantes, profesores, organizaciones civiles, entre otros. La amplitud de este movimiento social es bien particular, y es que no parece haber registros en la historia nacional de un movimiento que releva dos características distintivas: por una parte, no se identifica con una representatividad política basada en las instituciones tradicionales y, por otra, le une un descontento autonombrado como de “30 años”, un descontento de carácter estructural, cuya percepción más nítida es la de pérdida de credibilidad y legitimidad de la institucionalidad, dejando un amargo sinsabor identificado como “abuso de poder”, y referido al sistema económico neoliberal.
Pues bien, lo cierto, es que este fenómeno social que ya cumplió su primer mes, ha traído consigo una serie de acciones y propuestas de mediano y largo plazo que, aun no respondiendo a la variedad de peticiones que se han enarbolado en el contexto del movimiento, colocan sobre la mesa la discusión, especialmente, en el acápite de Constitución Política. Originada en 1980, en plena dictadura cívico-militar, la carta fundamental hoy vigente no responde a los desafíos que la sociedad enfrenta. Y más que preguntarse por la legitimidad de esta fuente formal jurídica, el cuestionamiento primordial que nace es: ¿Qué bases institucionales y sociales deben ser parte de una nueva Constitución para Chile?
Las evidencias preliminares muestran que el Chile que ha despertado no pretende conformarse con modificaciones parciales ni temporales, sino que quiere avanzar hacia cambios estructurales. Así lo ha manifestado y defendido a través de pancartas, entre otros medios, en los centenares de marchas que se han desplegado a lo largo de todo el territorio nacional. Considerando esta situación de contexto, proponemos aquí una reflexión abierta acerca de los puntos clave sobre los que a nuestro juicio, cualquier pacto constitucional debe construirse con foco en la modificación de las estructuras institucionales y como resultado de un acuerdo social transversal, legitimado por la sociedad en su conjunto:
- Rearticulación de los poderes del Estado, disminución y mayor eficiencia del gasto público por este concepto: Un documento jurídico que, en efecto, sostenga poderes independientes entre sí, y especialmente independiente de los intereses económicos. Garantía de leyes adjuntas en lo relativo a lobby y definición de remuneraciones acordes a la realidad nacional. No es posible, por ejemplo, que el legislador defina sus rentas, porque enfrenta de inmediato conflictos de intereses. Los poderes del Estado deben basarse en la carrera funcionaria y minimizar los cargos de confianza política, puesto que la evidencia internacional ha demostrado que esta condición de designaciones influye negativamente en la eficiencia y eficacia de la gestión del aparato estatal. La administración estatal debe salvaguardar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y promover el ejercicio de las libertades, dentro de un contexto de promoción de la equidad y la justicia social.
- Representación de minorías: Todos y cada uno de los grupos que conforman el país, deben verse representados adecuadamente en instancias de participación política y acción social. Es por esta razón, que la nueva carta magna debe ser también un espacio en donde se vean representadas minorías tales como las étnicas, sexuales o de otra índole. Cabe aquí destacar que la Constitución debe resguardar la representación de género, tanto en su proceso de elaboración, como en su resultado mismo. Las necesidades particulares de cada grupo deben ser contempladas en un contrato actualizado y pertinente para el siglo XXI, atendiendo las dinámicas del cambio social.
- Recursos naturales y medioambiente: Entendiendo que la sustentabilidad es una prioridad para los países y que un pilar fundamental de la riqueza de Chile se concentra en sus recursos naturales, es impostergable un pronunciamiento claro acerca del modelo de economía extractiva que ha perdurado históricamente, incluso por encima de intentos que el siglo recién pasado trajo, en la búsqueda de la sustitución de importaciones por medio del desarrollo industrial. Más contemporáneamente, vecinos latinoamericanos son un ejemplo a observar en cuanto al cuidado de bienes comunes instalado en sus constituciones, instaurando un rol activo del Estado en la defensa del territorio por sobre los intereses privados. La carta fundamental debe explicitar la no privatización de bienes tales como el agua, el cobre, el litio y otros recursos naturales estratégicos para el desarrollo del país.
- Sistema de pensiones: Los sistemas de pensiones a nivel internacional, se han configurado en base a dos principios o directrices orientadoras: la solidaridad intergeneracional y el bienestar social. El actual sistema de pensiones de Chile, específicamente en lo referido al sub-sistema conformado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), donde se encuentra la gran mayoría de los trabajadores y jubilados de este país, no cumple con ninguno de los dos requisitos aludidos. Se basa en un mecanismo de capitalización individual, que deja en evidencia las asimetrías estructurales de la economía del empleo en Chile y que no logró cumplir con el bienestar prometido a inicios de la década de los ´80. Es por esta razón que resulta imperante en esta nueva etapa de desarrollo que vive el país, el suprimir el sistema de AFP e instaurar un nuevo sistema único de pensiones en Chile, que no otorgue privilegios para unos por sobre otros, y que sea factible en perspectiva de largo plazo y en donde el Estado sea el garante del bienestar colectivo de todos sus habitantes.
- Educación: Si a principios del siglo XXI el objetivo del Estado en la educación era seguir avanzando en aumentar la cobertura y matrícula en todos sus niveles, hoy el imperativo es mejorar la calidad, en todos y cada una de sus dimensiones. Calidad referida al proceso educativo en ámbitos tales como formación ciudadana plena y universal, el desarrollo de talentos y vinculación de los desafíos de desarrollo nacional en diversos ámbitos productivos, incluyendo también las artes, todo esto sobre la base de los principios de la equidad e igualdad de oportunidades. El grito ciudadano, además de compartir este objetivo, apela a fortalecer un sub-sistema público, gratuito y que promueva los valores democráticos. La educación es el eje fundamental del pacto social que necesita Chile. Una educación de calidad para todos y cada uno de los habitantes del país, permitirá que el país avance efectivamente en la erradicación total de pobreza y se promueva la paz social.
- Salud: Al igual que el sistema de pensiones y la educación, las reformas estructurales llevadas a cabo por el régimen dictatorial de Pinochet en los ´80, generaron dos tipos de sistema de salud: uno privado, asociado a la capacidad de pago, y un sistema público que, pese a sus avances, presenta muchas carencias tanto organizacionales como materiales. El mejor ejemplo, lo constituye el análisis de las condiciones de las unidades de atención de urgencia de una clínica versus un hospital. Frente a esta manifestación de violencia estructural, es prioritario avanzar hacia un sistema de salud pública basado en un seguro de saludo universal que garantice tres aspectos: adecuada cobertura para atenciones generales y de especialidad; dignidad en el trato hacia los pacientes y las familias, y finalmente, énfasis en el fortalecimiento del bienestar psicológico de la población.
Todos estos ámbitos abordados, desde luego, deben ser el fruto de la participación de todos y cada uno de los actores institucionales y sociales. Es fundamental rescatar el sentido colectivo de la vida en sociedad, y no seguir enfatizando el éxito individual y la satisfacción basada en la tenencia de bienes materiales. De esta forma el pacto social se sustentará en la legitimidad y confianza de la ciudadanía, que permita avanzar en la construcción no sólo discursiva, sino que también de facto, del país. Además, debe estar afianzada en la promoción de un desarrollo económico sustentable, con políticas tributarias de equidad, donde el crecimiento económico respete el medio ambiente, fortalezca la inversión pública, siga siendo responsable en lo fiscal y que logre definitivamente en una mejor distribución del ingreso.
Finalmente, nuestro llamado apunta a construir un nuevo Chile con más diálogo, tolerancia y justicia social. Este mismo documento no es sino, un foco que esperamos permita la conversación. No olvidar que el propósito final de la vida es ser feliz es prioritario, por lo tanto, necesitamos ser parte de un país que entregue dicha oportunidad a todos y cada uno de quienes aportan en su desarrollo.
Bárbara Castro
La autora de esta columna es Licenciada en Educación y Profesora de Estado en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Santiago de Chile. Especializada en Gestión Pública y Magíster © en Educación.
Germán Sanhueza Muñoz
Director Ejecutivo de www.paisproactivo.cl
El autor de esta columna de opinión es Doctor © en Ciencias Sociales, Administrador Público, Licenciado en Ciencias de la Administración Pública y Magíster en Políticas Públicas. Actualmente se encuentra culminando una Licenciatura en Sociología.
Nota: Las opiniones vertidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quién las emite y no representan necesariamente el pensamiento de www.paisproactivo.cl
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